Mientras escribo este editorial, la COP27 está llegando a su fin en la ciudad turística de Sharm-el-Sheikh. Allí, los Estados tenían que elaborar un programa de aplicación para salvar un planeta en peligro. Las asimetrías del poder mundial están en juego. Las naciones más pobres sufrirán las consecuencias del cambio climático causado en gran parte por la contaminación de las naciones más ricas. La compensación por daños y pérdidas causados por el cambio climático no es una cuestión de caridad, sino de justicia climática. Asimismo, acabar con la pobreza no es una cuestión de caridad, sino de justicia social. Los sistemas políticos y económicos actuales son instrumentos de control en manos de los países más poderosos, empresas multinacionales y los más ricos de nuestra sociedad. Estos sistemas disfuncionales y poco éticos anteponen los beneficios de las empresas al bienestar de las personas y del planeta, priorizando las ganancias a corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo.

La pobreza no es culpa de las personas que la padecen. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas que privan de derechos, explotan y empobrecen aún más a las personas que ya son pobres. ¿Cómo se explica la espiral de desigualdad, el aumento sin precedentes del poder de las empresas y de la riqueza de los multimillonarios, al mismo tiempo que la erosión de los derechos de los trabajadores y la pérdida de puestos de trabajo? En un mundo que despilfarra y produce en exceso alimentos, ¿por qué millones de personas pasan hambre? ¿Por qué siempre que hay una crisis (COVID, climática, de conflictos), los más pobres son los más afectados? Ante la crisis del coste de la vida, ¿por qué los gobiernos introducen medidas de austeridad que tratan de disciplinar a los pobres y protegen a los ricos?